Hay un pacto silencioso, casi cínico, que sostiene el espectáculo del fútbol mexicano cada fin de semana. Pagamos un boleto, sintonizamos la televisión y fingimos demencia ante una verdad incómoda: el enemigo no está en la cancha, sino en la grada de al lado. Lo que alguna vez nació como una importación apasionada del folclor sudamericano, la cultura de las barras bravas, el bombo, la bandera y el cántico incesante, se ha convertido, con los años, en un monstruo al que la Liga MX alimenta, teme y, sobre todo, prefiere ignorar hasta que la tragedia toca la puerta.
El problema fundamental no es la pasión; la pasión es el motor y la razón de ser de este deporte. El problema es la impunidad institucional que convirtió al hincha organizado en un cliente VIP de la violencia.
Durante mucho tiempo, las directivas de los clubes adoptaron una política de complicidad peligrosa. Les dieron boletos gratis, les financiaron viajes, les abrieron portones preferenciales y les otorgaron un estatus de intocables a cambio de un supuesto “color” y apoyo incondicional. Olvidaron una regla básica de la sociología urbana: cuando a un grupo se le otorgan privilegios al margen de la ley y se le exime de responsabilidades, el poder se corrompe. Las barras dejaron de ser aliento para convertirse en mafias internas, dueñas de territorios dentro y fuera de los estadios, donde la reventa, el control de los accesos y las rencillas con otras hinchadas pesan más que el amor por los colores.
Las respuestas de la Liga MX tras cada episodio de barbarie han sido, invariablemente, un ejercicio de relaciones públicas tan tibio como inútil. El famoso “aviso de veto”, los torneos con códigos QR que nadie revisa con rigor, o los comunicados institucionales redactados con eufemismos son parches temporales para calmar la indignación de la opinión pública. Se castiga el síntoma, pero se protege la estructura. Se prefiere maquillar la estadística de seguridad antes que enfrentar el costo político y económico de erradicar a los grupos que intimidan a las familias.
Porque ese es el verdadero daño colateral: el desplazamiento del aficionado común. Ir al estadio en México se ha transformado, para muchos, en una prueba de cálculo de riesgos. ¿A qué hora llegan los grupos de animación visitantes? ¿Por qué puerta conviene salir? ¿Llevar la playera del equipo contrario en ciertas zonas es una provocación que amerita una agresión? El fútbol, que históricamente ha sido un espacio de encuentro popular y democrático, se está convirtiendo en un territorio sitiado donde el miedo gana por goleada.
La violencia en las gradas no es un desgajamiento social ajeno al deporte; es el reflejo exacto de un modelo de negocio que prioriza el entretenimiento rápido y la polarización por encima de la seguridad y la convivencia. Mientras los dueños del balón sigan viendo a las barras como un activo comercial imprescindible para generar atmósfera, y no como un problema de orden público que requiere mano firme y ley pareja, seguiremos contando anécdotas trágicas en lugar de goles.
El fútbol mexicano no necesita más operativos simulados ni campañas de buenas intenciones patrocinadas por marcas. Necesita la valentía de romper el vínculo perverso entre directivas y grupos de choque. Porque un deporte donde hay que temerle al de enfrente antes de que ruede el balón, ha dejado de ser un juego para convertirse en otra cosa muy distinta.
