Desde la distancia, observo con profunda alarma cómo los habitantes de Guadalajara han tenido que lidiar durante meses con agua que brota de las llaves teñida de chocolate y con olor a drenaje. La indignación rebasó fronteras este domingo 11 de octubre, cuando el cinismo institucional terminó por apestar el aire de la capital jalisciense. Miles de tapatíos marcharon desde La Minerva hacia Casa Jalisco para exigir algo tan básico como agua limpia en sus hogares, encontrando a su paso una respuesta desmedida.
Días antes de la marcha, el gobernador Pablo Lemus ensayó el discurso democrático de siempre: juró ante los medios que existía “todo el derecho a manifestarse” y garantizó que no habría represión alguna. Sin embargo, la promesa duró exactamente lo que tarda un cerco de seguridad en ponerse nervioso. Al aproximarse el contingente pacífico a la residencia oficial, el tono oficial cambió de forma drástica y el diálogo fue sustituido por el despliegue de la fuerza pública.
La paradoja roza lo perverso. Mientras a miles de familias de la Zona Metropolitana se les niega el acceso al agua potable para cocinar, bañarse o beber, los elementos de seguridad y las corporaciones sí contaron con miles de litros de agua limpia y a alta presión para lanzarla en chorros contra los manifestantes. Les escatimaron el líquido vital en sus tuberías, pero se lo administraron a manguerazos en la calle para disolver la protesta.
El saldo oficial confirma la gravedad de la jornada, el propio reporte del gobierno estatal reconoció 39 personas detenidas y decenas de lesionados entre las columnas de humo y gases lacrimógenos. Diversos colectivos locales denunciaron que varios manifestantes fueron ingresados de manera arbitraria y retenidos dentro del propio perímetro de Casa Jalisco, convirtiendo la sede del Ejecutivo en un centro de encierro temporal. Horas más tarde, el gobernador tuvo que admitir la liberación parcial de al menos doce personas y prometer revisiones en las grabaciones para investigar los “excesos” de la policía.
La crisis hídrica de Guadalajara no es un fatalismo ni un accidente de la naturaleza, sino el triste resultado de la ineficiencia acumulada y la negligencia administrativa. Intentar apagar el malestar ciudadano con agua a presión y detenciones es el síntoma de un gobierno desbordado. El agua limpia finalmente llegó a la manguera de la represión, pero sigue sin llegar a las llaves de la gente.