Es común que las administraciones públicas midan el progreso de una ciudad por la cantidad de asfalto que despliegan, los puentes vehiculares que construyen o la velocidad a la que fluyen las avenidas principales.
Sin embargo, basta con intentar cruzar una glorieta transitada, sorteando vehículos a alta velocidad, o esperar el transporte público en una parada improvisada bajo el sol para notar la verdadera escala de prioridades en el diseño urbano: el automóvil siempre sobre la persona.
Durante décadas, las intervenciones en el espacio público han desplazado paulatinamente a quien camina, utiliza la bicicleta o transita la calle a paso humano, reduciendo al peatón a un obstáculo en el flujo del tráfico vehicular.
Cuando una banqueta se quiebra y destruye la accesibilidad básica, cuando las paradas de autobús se reubican sin considerar la seguridad de los usuarios, o cuando cruzar la calle exige una carrera contra el tiempo, lo que se fractura no es solo la infraestructura física, sino el tejido cívico.
Las ciudades no deberían ser concebidas como meros corredores de paso eficientes entre la casa y el trabajo, sino como entornos diseñados para habitarse y disfrutarse con dignidad.
Reivindicar banquetas amplias, iluminación adecuada, transporte público articulado y plazas vivas no es una petición estética ni un capricho urbanístico; es exigir el derecho fundamental a sentir que la ciudad nos pertenece a todos y no únicamente a quienes pisan el acelerador.