Durante buena parte del siglo XX, la censura en México se reconocía con relativa facilidad. El cierre abierto de un medio sigue siendo excepcional; lo que se ha vuelto más frecuente es una forma menos visible de control, sostenida en demandas, presión económica sobre redacciones independientes y normas lo bastante ambiguas como para decidir, desde el Estado, qué cuenta como información y qué puede descalificarse como desinformación.
El problema no es menor. Cuando el argumento de proteger a la sociedad frente a las “noticias falsas” se convierte en facultad para filtrar el debate público, el riesgo es que el gobierno termine administrando no solo políticas, sino el área del ciudadano
Ese desplazamiento se nota con claridad cuando una nota, una columna o una crítica incomoda a quien gobierna. En lugar de contestar con datos, contexto o una réplica argumentada, a veces se opta por señalar a la persona: se le atribuye una intención política, se le acusa de estar “en contra” o se sugiere que forma parte de una campaña. El desacuerdo deja de tratarse como parte normal de la vida democrática y pasa a leerse como hostilidad.
En ese caso, hablar de regular o “ordenar” los medios digitales no suena neutro. Suena a advertencia. Y las advertencias, cuando vienen del poder, no se escuchan igual que una opinión más.
En México este mecanismo pesa más que en otros países porque no parte de cero. Los periodistas llevan años trabajando bajo violencia, amenazas e impunidad. Casi 180 han sido asesinados desde el año 2000; en 2026 la cifra sigue creciendo.
Si, además de ese riesgo físico, las autoridades presentan la crítica como ataque, conspiración o desinformación organizada, el cálculo de quien informa se vuelve brutalmente simple: ¿vale la pena el costo?
El miedo no necesita una prohibición explícita para funcionar. Basta con la posibilidad de un linchamiento en redes, de una investigación administrativa o de un proceso legal largo, caro y desgastante. El resultado más probable no es la valentía heroica, sino la autocensura. Se suaviza un titular, se deja de lado una pregunta, se pospone una investigación. No se cierra el periodico se desestima desde dentro.
Ese silencio no es un asunto privado del gremio. Cuando un comunicador se retrae, la sociedad pierde acceso a versiones, matices y evidencias que no caben en el relato oficial. El artículo 6.º constitucional reconoce el derecho a la información; el 7.º prohíbe la censura previa. Ambos se vacían si, en la práctica, solo circula con seguridad aquello que no molesta. Formarse un criterio propio exige contraste. Sin él, no hay debate: hay desconfianza,
Escuchar la crítica incluso la injusta, incluso la incómoda no debilita a las instituciones; les da la posibilidad de corregir. Donde no hay quien contradiga, los errores se vuelven costumbre y las costumbres se vuelven impunidad.
Por eso defender esta libertad no es un capricho de periodistas. Es la condición para que el país no termine escuchando una sola voz, afinada desde arriba. Una democracia necesita un desacuerdo de opiniones. Necesita, sobre todo, que ese desacuerdo pueda decirse sin que quien lo pronuncia tenga que calcular primero si mañana seguirá trabajando, o si seguirá vivo.
