Bajo el argumento de combatir la extorsión y el secuestro virtual, el gobierno mexicano ha puesto en marcha el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles.
La premisa oficial suena impecable: asociar cada tarjeta SIM a la identidad de un ciudadano mediante la CURP para erradicar el anonimato que aprovecha la delincuencia. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una medida ineficaz y de alto riesgo para la privacidad colectiva.
La historia reciente demuestra que este experimento no es nuevo ni exitoso. En su momento, iniciativas como el RENAUT en 2009 o intentos posteriores terminaron en un rotundo fracaso donde las bases de datos acabaron vendiéndose en el mercado negro, exponiendo la información sensible de millones de personas.
Líneas que exponen al usuario
Creer que obligar a la población a registrar sus datos disuadirá a los criminales es pecar de ingenuidad. El delincuente no acude a un centro de atención a brindar sus datos reales; vulnera el sistema.
El crimen organizado no utiliza líneas registradas a nombre de sus verdaderos operadores. Los grupos delictivos emplean identidades robadas, tarjetas SIM del mercado informal, chips extranjeros o tecnologías VoIP invisibles para este padrón.
Además, es un secreto a voces que un porcentaje abrumador de las extorsiones se origina dentro de los penales, donde los celulares están prohibidos pero se llenan de los mismos por la corrupción. Exigir la CURP al ciudadano no apagará las señales delictivas tras las rejas.
Por el contrario, el registro masivo desprotege al usuario común. Entregar datos personales a las plataformas de las operadoras abre la puerta a filtraciones cibernéticas masivas.
Si a esto sumamos el riesgo de suplantación, un inocente podría terminar vinculado a un delito cometido con un chip registrado a su nombre sin su conocimiento, invirtiendo la presunción de inocencia y convirtiendo a la víctima en sospechosa ante las autoridades.
El registro obligatorio no protegerá a la sociedad. En lugar de fortalecer la inteligencia policial, desarticular redes financieras y limpiar los centros penitenciarios, el Estado prefiere transferir la responsabilidad al usuario bajo la amenaza de suspender su servicio.
Nos prometen un blindaje contra el crimen, pero lo único que realmente se consolida es la extrema vulnerabilidad de nuestra privacidad ante el fraude y el control estatal.