Categoría: POLÍTICA

Durante buena parte del siglo XX, la censura en México se reconocía con relativa facilidad. El cierre abierto de un medio sigue siendo excepcional; lo que se ha vuelto más frecuente es una forma menos visible de control, sostenida en demandas, presión económica sobre redacciones independientes y normas lo bastante ambiguas como para decidir, desde el Estado, qué cuenta como información y qué puede descalificarse como desinformación.

El problema no es menor. Cuando el argumento de proteger a la sociedad frente a las “noticias falsas” se convierte en facultad para filtrar el debate público, el riesgo es que el gobierno termine administrando no solo políticas, sino el área del ciudadano 

Ese desplazamiento se nota con claridad cuando una nota, una columna o una crítica incomoda a quien gobierna. En lugar de contestar con datos, contexto o una réplica argumentada, a veces se opta por señalar a la persona: se le atribuye una intención política, se le acusa de estar “en contra” o se sugiere que forma parte de una campaña. El desacuerdo deja de tratarse como parte normal de la vida democrática y pasa a leerse como hostilidad.

En ese caso, hablar de regular o “ordenar” los medios digitales no suena neutro. Suena a advertencia. Y las advertencias, cuando vienen del poder, no se escuchan igual que una opinión más.

En México este mecanismo pesa más que en otros países porque no parte de cero. Los periodistas llevan años trabajando bajo violencia, amenazas e impunidad. Casi 180 han sido asesinados desde el año 2000; en 2026 la cifra sigue creciendo.

Si, además de ese riesgo físico, las autoridades presentan la crítica como ataque, conspiración o desinformación organizada, el cálculo de quien informa se vuelve brutalmente simple: ¿vale la pena el costo?

El miedo no necesita una prohibición explícita para funcionar. Basta con la posibilidad de un linchamiento en redes, de una investigación administrativa o de un proceso legal largo, caro y desgastante. El resultado más probable no es la valentía heroica, sino la autocensura. Se suaviza un titular, se deja de lado una pregunta, se pospone una investigación. No se cierra el periodico se desestima desde dentro.

Ese silencio no es un asunto privado del gremio. Cuando un comunicador se retrae, la sociedad pierde acceso a versiones, matices y evidencias que no caben en el relato oficial. El artículo 6.º constitucional reconoce el derecho a la información; el 7.º prohíbe la censura previa. Ambos se vacían si, en la práctica, solo circula con seguridad aquello que no molesta. Formarse un criterio propio exige contraste. Sin él, no hay debate: hay desconfianza,

Escuchar la crítica incluso la injusta, incluso la incómoda no debilita a las instituciones; les da la posibilidad de corregir. Donde no hay quien contradiga, los errores se vuelven costumbre y las costumbres se vuelven impunidad.

Por eso defender esta libertad no es un capricho de periodistas. Es la condición para que el país no termine escuchando una sola voz, afinada desde arriba. Una democracia necesita un desacuerdo de opiniones. Necesita, sobre todo, que ese desacuerdo pueda decirse sin que quien lo pronuncia tenga que calcular primero si mañana seguirá trabajando, o si seguirá vivo.

Para miles de jóvenes en México, presentar el examen de admisión a la UNAM no es un simple trámite académico; es el conjunto de meses de desvelos, sacrificios familiares y la ilusión entera de construir un futuro.

Detrás de cada pantalla no solo había un aspirante respondiendo reactivos, sino historias de esfuerzo silencioso: familias que juntaron peso a peso con gran sacrificio para pagar un curso y estudiantes que depositaron su fe en alcanzar un lugar en las aulas. Por eso, el escándalo de las trampas masivas en la prueba en línea no representa solo una falla del sistema, sino un golpe devastador para la salud emocional y estabilidad de toda una generación.

Resulta indignante que la honestidad termine convirtiéndose en una desventaja. Mientras miles de aspirantes jugaron limpio, con el corazón acelerado por los nervios pero respaldados únicamente por su dedicación, otros convirtieron la prueba en un mercado de respuestas vendidas y acciones deshonestas.

La deshonestidad de unos cuantos no solo ensució la convocatoria; traicionó la fe de quienes confiaron en que su propio mérito bastaría para salir adelante. Ver cómo la trampa pretendía arrebatar oportunidades legítimas genera una impotencia profunda y difícil de asimilar para quien lo dio todo.

Lo más injusto es que el peso de la incertidumbre recayó con mayor dureza sobre los estudiantes limpios. Quienes hicieron lo correcto hoy viven sumidos en la ansiedad, atrapados entre la sospecha generalizada que ensombrece sus resultados y la angustia de no saber qué pasará con su ingreso.

Someter a los jóvenes a repetir procesos o dejarlos en un limbo institucional es ignorar por completo el desgaste mental y emocional que implica jugarse el futuro universitario en una sola prueba. Se ha tratado a los aspirantes como cifras descartables, olvidando el rostro humano detrás de cada folio.

La educación pública no puede permitir que la desconfianza aplaste la integridad de la juventud. La UNAM tiene el deber urgente de proteger a quienes compitieron con la frente en alto, demostrando que actuar con rectitud todavía tiene valor. Si el sistema termina vulnerando e ignorando al honesto lo mas duro de esto es ver caer las esperanzas y la fe de los jóvenes que creyeron en la justicia por parte de la máxima casa de estudios  

Bajo el argumento de combatir la extorsión y el secuestro virtual, el gobierno mexicano ha puesto en marcha el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles.

La premisa oficial suena impecable: asociar cada tarjeta SIM a la identidad de un ciudadano mediante la CURP para erradicar el anonimato que aprovecha la delincuencia. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una medida ineficaz y de alto riesgo para la privacidad colectiva.

La historia reciente demuestra que este experimento no es nuevo ni exitoso. En su momento, iniciativas como el RENAUT en 2009 o intentos posteriores terminaron en un rotundo fracaso donde las bases de datos acabaron vendiéndose en el mercado negro, exponiendo la información sensible de millones de personas.

Líneas que exponen al usuario

Creer que obligar a la población a registrar sus datos disuadirá a los criminales es pecar de ingenuidad. El delincuente no acude a un centro de atención a brindar sus datos reales; vulnera el sistema.

El crimen organizado no utiliza líneas registradas a nombre de sus verdaderos operadores. Los grupos delictivos emplean identidades robadas, tarjetas SIM del mercado informal, chips extranjeros o tecnologías VoIP invisibles para este padrón.

Además, es un secreto a voces que un porcentaje abrumador de las extorsiones se origina dentro de los penales, donde los celulares están prohibidos pero se llenan de los mismos por la corrupción. Exigir la CURP al ciudadano no apagará las señales delictivas tras las rejas.

Por el contrario, el registro masivo desprotege al usuario común. Entregar datos personales a las plataformas de las operadoras abre la puerta a filtraciones cibernéticas masivas.

Si a esto sumamos el riesgo de suplantación, un inocente podría terminar vinculado a un delito cometido con un chip registrado a su nombre sin su conocimiento, invirtiendo la presunción de inocencia y convirtiendo a la víctima en sospechosa ante las autoridades.

El registro obligatorio no protegerá a la sociedad. En lugar de fortalecer la inteligencia policial, desarticular redes financieras y limpiar los centros penitenciarios, el Estado prefiere transferir la responsabilidad al usuario bajo la amenaza de suspender su servicio.

Nos prometen un blindaje contra el crimen, pero lo único que realmente se consolida es la extrema vulnerabilidad de nuestra privacidad ante el fraude y el control estatal.